El país carece de una legislación integral que regule el manejo de información personal por parte de empresas e instituciones.
Entregar el número de celular, una foto del carnet o la huella digital se ha vuelto una rutina constante en la vida diaria. Sin embargo, detrás de cada uno de estos gestos cotidianos existe una incógnita sobre el destino final de esa información, un problema que se agrava debido a la falta de regulaciones específicas en el país.
El vacío legal y los intentos de regulación
Bolivia continúa sin contar con una ley general que establezca límites claros sobre qué es un dato personal, los usos permitidos, el tiempo de conservación y las sanciones ante un mal manejo. Hasta el momento, existen dos propuestas impulsadas por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y por la Fundación InternetBolivia.org a través de su iniciativa Yo protejo mis datos, activa desde 2018.
La ausencia de una normativa también implica la falta de una autoridad especializada encargada de fiscalizar filtraciones, ventas de bases de datos o transferencias de información entre instituciones públicas sin consentimiento previo. Aunque la Constitución incluye la acción de protección de privacidad, este recurso se limita a procesos judiciales individuales.
La digitalización y el rastro digital
El avance de la tecnología en transacciones cotidianas, como los pagos mediante códigos QR y la implementación de billeteras móviles para programas sociales como el Bono Juancito Pinto, genera un flujo constante de registros sobre hábitos de consumo, horarios y ubicaciones. Sin una legislación que supervise a los administradores de estos sistemas, los usuarios carecen de mecanismos formales para exigir explicaciones o la eliminación de sus historiales.
Herramientas de protección y límites
Ante este escenario, el uso de redes privadas virtuales ayuda a cifrar el tráfico de internet y evita que los proveedores o administradores de redes locales observen la navegación. Sin embargo, los especialistas recuerdan que estas herramientas protegen la información durante su trayecto, pero no impiden que una entidad conserve, comparta o filtre los datos que ya fueron entregados voluntariamente.
Mientras se espera una decisión política en el ámbito legislativo, los usuarios pueden adoptar medidas preventivas en sus dispositivos:
- Limitar la entrega innecesaria de fotocopias de documentos de identidad.
- Revisar los permisos de acceso a contactos, ubicación y micrófono en las aplicaciones móviles.
- Separar cuentas de correo electrónico para trámites y asuntos personales.
Con información de www.opinion.com.bo.
Foto de portada: Towfiqu barbhuiya en Pexels.
