El sector agrícola cruceño enfrenta una marcada reducción en la validación formal de semillas, impulsada por el comercio informal y limitaciones operativas.
La agricultura en Santa Cruz enfrenta un escenario complejo debido a la disminución en los registros de certificación de semillas. Este proceso, clave para garantizar la calidad y el rendimiento antes de la siembra, atraviesa un retroceso que preocupa a las instituciones y afecta directamente la planificación de los productores locales.
Ana Sofía Urresti Zamora, representante departamental del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), informó sobre una baja estimada en un 70% al contrastar los datos disponibles entre 2025 y 2026. En paralelo, las importaciones de este insumo pasaron de 6.116,77 a 2.536,92 toneladas, lo que representa una contracción del 58,5%.
Factores que afectan al mercado formal
El impacto práctico para los agricultores radica en la incertidumbre sobre el material que compran. La funcionaria señaló que el ingreso ilegal y la comercialización informal de semillas fuera de las normas, conocidas como «bolsa blanca», restan espacio al sistema legal. Esto desincentiva la inversión necesaria para producir insumos respaldados por análisis de laboratorio.
- Controles de pureza y germinación en laboratorio.
- Inspecciones durante el desarrollo del cultivo en campo.
- Verificación de ausencia de semillas de malezas.
La falta de un circuito formal sólido perjudica tanto al productor, que arriesga su inversión económica, como al consumidor final, cuya seguridad alimentaria depende de cosechas eficientes. La autoridad resumió la situación actual indicando que «ya no se hace la cantidad de inversión que se debería hacer».
Limitaciones operativas y perspectivas
Para fiscalizar el comercio de semillas en el departamento, la oficina cuenta actualmente con un equipo reducido de tres personas. Ante la alta demanda de la campaña, la institución prevé contrataciones temporales por tres meses y turnos extendidos hasta las diez de la noche con el fin de agilizar los trámites, que pueden demorar entre 21 y 28 días según el tipo de cultivo.
A pesar de estas dificultades operativas, el INIAF concluyó una evaluación bajo los esquemas de la OCDE para mantener su membresía y reactivar la certificación destinada a la exportación de cereales, maíz, sorgo y oleaginosas. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo para el agricultor boliviano, que debe extremar precauciones para verificar la calidad del insumo antes de comprometer el éxito de su campaña.
Con información de Publiagro y El Deber.
Foto de portada: Pilan Filmes en Pexels.
