El comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia no solo representa un problema sanitario y productivo, sino que se ha convertido en un serio freno para la economía nacional. De acuerdo con la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) y la Asociación de Productores de Semilla (Asosemillas), este mercado ilegal mueve entre 108 y 151 millones de dólares, equivalente hasta al 44% de las importaciones legales.
El impacto económico es directo y multidimensional. Por un lado, el Estado deja de percibir millones en recaudación tributaria debido a la comercialización informal de estos productos. Al tratarse de un circuito ilegal, no se pagan impuestos ni aranceles, lo que reduce los ingresos fiscales y limita la capacidad de inversión pública.
Por otro lado, la competencia desleal afecta seriamente a las empresas formales. Mientras los proveedores legales deben cumplir procesos de registro, certificación y control de calidad —que pueden demorar hasta tres años—, los productos ilegales ingresan al mercado sin costos regulatorios. Esto genera una distorsión de precios que desincentiva la inversión en innovación, investigación y desarrollo tecnológico.
El problema también repercute en la productividad del sector agrícola. El uso de insumos adulterados o de baja calidad puede reducir los rendimientos y provocar pérdidas económicas en los cultivos, afectando directamente los ingresos de los productores. A esto se suma el riesgo de rechazo en mercados internacionales, lo que pone en entredicho la competitividad de las exportaciones bolivianas.
Según un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cebec), el 57% del uso de semillas de soya y maíz es ilegal, mientras que la fertilización irregular alcanza al 69% del área agrícola, lo que amplifica el impacto económico negativo en toda la cadena productiva.
“Estamos frente a un problema estructural que afecta a toda la economía nacional”, advirtió Martín Ascarrunz, al señalar que el crecimiento del mercado ilegal debilita la producción formal y frena el desarrollo del país.
En este contexto, APIA, Aprisa y Asosemillas instan a reforzar el control por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Aduana Nacional y otras entidades estatales, con el fin de frenar un fenómeno que no solo afecta al agro, sino que erosiona las bases económicas del país.
