El proceso judicial por el fallecimiento del astro argentino avanza con duros requerimientos de prisión para el personal médico y de salud.
El proceso legal que investiga los últimos días del astro del fútbol Diego Armando Maradona llegó a una instancia crucial este jueves. La fiscalía argentina solicitó una pena de doce años de cárcel y diez años de inhabilitación profesional para el neurocirujano Leopoldo Luque, quien fuera el médico de cabecera del deportista. La acusación que recae sobre él es por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
Peticiones para el equipo de salud
Además de la solicitud contra Luque, el requerimiento fiscal alcanzó a otros profesionales involucrados en la atención domiciliaria del excapitán de la selección albiceleste. Para la coordinadora de cuidados de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, se pidieron diez años de prisión y diez de inhabilitación bajo la misma figura legal. En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, el pedido fue de ocho años de prisión y diez de inhabilitación.
El Ministerio Público Fiscal también requirió condenas para otros miembros del equipo sanitario:
- Carlos Díaz (psicólogo): 5 años de prisión y 10 de inhabilitación por homicidio culposo.
- Mariano Perroni (jefe de enfermeros): 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por homicidio culposo.
- Ricardo Almirón (enfermero): 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por homicidio culposo.
Por otro lado, los fiscales solicitaron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que solo visitó al paciente en una ocasión y no tuvo poder de decisión sobre su salud.
Un tratamiento calificado de desorganizado
Diego Armando Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 durante su internación domiciliaria. De acuerdo con el fiscal Patricio Ferrari, los acusados infringieron sus deberes profesionales, realizaron acciones contrarias a la medicina y dejaron al paciente en una situación de desamparo.
Durante sus alegatos de cierre en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, el fiscal describió el esquema de atención como un tratamiento “anárquico, con dos jefaturas y con dos canales independientes de información y una misma característica común, la desorganización absoluta”. El debate judicial, que comenzó el pasado 14 de abril, acumuló 45 audiencias, 75 testimonios y el análisis de un centenar de mensajes telefónicos de los acusados.
Con información de elcomercio.pe.
Foto de portada: SHOX ART en Pexels.
